La construcción de políticas educativas regionales en el Cusco constituyó un largo y laborioso proceso que culminó en el vigente Proyecto Educativo Regional al 2021 (PER). Quizá el punto de partida que marcó orgánicamente este suceso se sitúe en el año 2002, aunque por justicia es preciso reconocer que diversas iniciativas, propuestas y esfuerzos por tener un horizonte educativo de largo plazo -aquella utopía educativa regional enganchada vitalmente con las perspectivas nacionales y mundiales- data de decenios anteriores, los setenta y los ochenta del siglo pasado fueron fructíferos y sirvieron de preámbulo.

Considerando las relaciones de poder que intrínsecamente forman parte de la naturaleza humana, la edificación participativa de proyectos socio-políticos, económicos, culturales y particularmente educacionales -como es el caso del PER- en el Cusco, se hizo en medio de tensiones de diversa índole.

No obstante, reconociendo lo avanzado, aún existen desafíos muy complejos como son los procesos de concreción de estas políticas públicas, concordar la legitimidad democrática con la legalidad jurídica factores clave de la institucionalidad, o la de entender y hacer entender sobre todo a las autoridades y poderes fácticos regionales y nacionales que la auténtica construcción de políticas públicas son las que provienen de amplios debates y resoluciones consensuadas de la ciudadanía y no reconocerla es negar la base de la democracia, el origen, fuente y referencia sustantiva del poder.

Si bien es cierto que hemos avanzado en el proceso de la descentralización regional asumiéndolo como un hecho político inédito e irrenunciable, sin embargo hemos sido testigos que aquellas conductas repudiables endilgadas a los políticos nacionales, fueron replicadas en nuestra región, generando zozobra y honda decepción en la ciudadanía cusqueña.

En los tres sucesivos gobiernos regionales hasta el momento hemos visto conductas que guardan similitudes inocultables, como el ejercicio de la autoridad desconociendo los procesos políticos y sociales vividos cotidianamente en la región, la confusión habitual del nuevo espacio público como funcionarios del Estado, con el escenario político partidario.

El no saber conjugar aquella obsesión por mostrar obra pública de impacto político inmediatista y de alto rédito político, con aquellas que posibiliten sentar las bases de una gestión regional auténticamente descentralizada que responda a políticas como las del Acuerdo Nacional, Plan de Desarrollo Concertado, el Proyecto Educativo Regional, entre otros, que fueron trabajosamente concebidos en estos últimos años y que aspiran a reconfigurar el funcionamiento y estructura del Estado en diálogo intercultural y democrático.

En ese escenario la sociedad civil organizada como son las federaciones, sindicatos, universidades, institutos, sector empresarial, consejos regionales y locales, redes sociales, comités, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, etc., están llamados a replantear su participación en la vida política de la región.

No cabe duda que la construcción democrática de políticas públicas en nuestra región es aún germinal, sin embargo, existen propuestas que ya agotaron el recorrido legal y de legitimación social exigidos, como es el caso del PER del Cusco y hasta el momento lamentablemente no ha recibido la atención política, cultural, técnica y económica de los decisores y operadores políticos de ningún gobierno regional para su debida implementación.

 Asumiendo que la participación es la antítesis del autoritarismo que pregona una direccionalidad preestablecida, o del populismo que plantea el consentimiento de la gente sobre la base del paternalismo; o la visión estrecha neoliberal que pregona la participación individualista en un mercado concentrador de ingresos y excluyente de muchos grupos humanos. La participación es por su naturaleza el eje de la integralidad de la vida.

Es por ello que en este nuevo escenario le corresponde a la sociedad civil organizada profundizar su rol de participación y concertación, ya no solo para construir políticas educativas regionales sino para ejercer la vigilancia de la implementación de las mismas.

Requerimos por el bien de la democracia y la institucionalidad en este nuevo segmento gubernamental, reafirmar nuestra vocación descentralista y participativa para aprender a vigilar las políticas educativas regionales públicas, de manera pública. (TAREA)