Esta frase no es la repetición - una vez más- de una realidad por todos, conocida sino una cita extraída del informe 152 de la Defensoría del Pueblo “Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú”, con ella se expresa el reconocimiento público realizado por un organismo del estado de una situación intolerable respecto a la situación educativa de la población indígena en el país. La trascendencia de este hecho es que no es una voz de la sociedad civil quien lo afirma – muchas veces dijeron que desde la sociedad civil solo veíamos el vaso medio vacío- es el propio estado quien lo reconoce y demanda su transformación.

El informe, no solo detalla con precisión los resultados de la evaluación del nivel de implementación de la política de EIB por parte del estado sino que presenta a través de las conclusiones y recomendaciones, importantes medidas a considerar por el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales, las Instituciones Educativas, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Congreso de la Republica, desde una perspectiva donde la política de EIB se coloca como una política de estado. Efectivamente las “situaciones de inequidad” no son, ni pueden ser sólo un asunto educativo.

En las tareas que competen al sector han identificado tres aspectos claves que tendrían que abordarse en el más breve plazo para poder a su vez – en una lógica de efecto mariposa- desencadenar otros procesos que permitan una efectiva implementación de la política: estos son: i) la determinación de la demanda de EIB, es decir producir información confiable sobre quienes deben de ser atendidos por programas EIB, para que a partir de esta se pueda planificar de manera sistemática, la oferta de docentes, materiales, etc. ii) otro de los vacíos identificados es la definición del servicio de la EIB, existe la necesidad de establecer (bajo una norma técnica) las características de una educación intercultural y bilingüe, iii) un tercer aspecto esta en relación a asegurar la participación de los pueblos indígenas en los diferentes procesos de la gestión y espacios de toma de decisiones se mencionan a nivel nacional a través de un Comité Nacional de EIB, en lo regional con los COPARE o COPALE.

Las recomendaciones por su nivel de especificidad constituyen un insumo para la toma de decisiones en varios niveles de gobierno contribuyendo a una gestión pública articulada y coordinada, las medidas mencionadas podrían no ser todas las necesarias para la transformación que se requiere, sin embargo con un marco de definiciones claras y consensuadas, con información confiable y con la participación de los interesados es posible que estemos frente a las condiciones básicas para iniciar un cambio.

Es claro que se requieren un conjunto de condiciones para que ello sea posible, una mejor ubicación y reconocimiento/empoderamiento de la Dirección responsable, un rol diferente del MED donde asuma no la ejecución directa de las acciones sino un liderazgo concertador, Gobierno Regionales dispuestos a ejecutar sus competencias, Gobiernos locales involucrados desde programas conjuntos (políticas y planes locales), es decir un estado dispuesto a asumirse garante del derecho, por otro lado es necesaria la participación plena de las Organizaciones Indígenas colocando sus demandas, aportando desde sus concepciones y conocimientos, también la participación de las instituciones de la sociedad civil colocando lo aprendido a partir de su experiencia al servicio de la propuesta, un serio esfuerzo de articulación por dar continuidad y avanzar en el proceso de descentralización (responsabilizándose y compartiendo funciones) entendiéndolo como parte de la democratización de las decisiones, reconocimiento mutuo y democratización del poder, de esto se trata finalmente la interculturalidad.

Existen conclusiones que aunque no aparecen en el informe – de forma explícita- nos quedan claras: i) las prioridades señaladas no tendrán sentido si no se expresan en planes y presupuestos los cuales finalmente establecen el grado de prioridad que se les asigna, - confiamos en que nuestras nuevas autoridades elegidas no dejaran la prioridad de la EIB en los discursos inaugurales, ni en las promesas incumplidas, ii) no hay muchas posibilidades de un avance de la EIB si la “gran política” (a decir de Gramsci) no incluye lo intercultural en el diálogo con “los otros” en lo económico, en lo social, ii) finalmente la defensoría deja una gran y esperanzadora lección, si es posible una actuación rigurosa y eficiente desde la gestión pública. (Liliam Hidalgo, directora ejecutiva de TAREA).